La Comisión Primera del Senado del Congreso de Colombia aprobó este martes una proposición para inquirir al ministro de Defensa, Diego Molano, por el asesinato a manos del ejército de 11 civiles, presentados como disidentes abatidos.
El hecho en cuestión tuvo lugar en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo los días 28 y 29 de marzo último.
Según un testimonio que narró los detalles a Contagio Radio, los militares asesinaron a las personas que se encontraban disfrutando de un bazar donde se recogen fondos para las actividades comunitarias y el ejército entró disparando, asesinando a varias y otras trataron de salir del lugar, algunos por tierra, mientras otros se tiraron al río.
Los efectivos remataron a quienes estaban en el agua y no prestaron atención a las que quedaron heridas y varias de ellas murieron ante la mirada de los militares. Una de las víctimas es el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.
De acuerdo con testimonios, los militares intentaron «arreglar» la escena del crimen para justificar los asesinatos e implantaron fusiles para poder asegurar que los muertos pertenecían a los llamados «comandos de frontera», sin embargo, las armas implantadas no estaban cerca de los cuerpos de los asesinados.
Por otra parte, los militares no permitían el ingreso de los familiares de las personas que se encontraban en el bazar comunitario y pretendieron ocultar lo que allí estaba sucediendo, denunciaron.
Esta masacre fue condenada por partidos políticos, organizaciones indígenas, sociales, entre otras y ayer la Misión de Verificación de la ONU en Colombia instó a las autoridades competentes a avanzar en la investigación y esclarecimiento de lo ocurrido.
El senador del Partido Comunes, Julián Gallo, uno de los promotores de llevar al ministro a debate de control político, enfatizó que los «falsos positivos» no son hechos aislados y corresponden a una doctrina de seguridad en ese país.
«No podemos olvidarnos de lo ocurrido en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo en Putumayo, que pone en evidencia que los falsos positivos nunca se acabaron y nunca se fueron. Es doloroso cómo en pleno siglo XXI nuestro país sigue desangrándose para beneficio de la guerra», enfatizó.
Aseguró que en cada escándalo de falsos positivos ha existido una constante: gobiernos carentes de sentido social, que abren día a día la brecha de la injusticia, de la inequidad y que hacen un esfuerzo gigantesco para que el sueño de construir una paz estable y duradera parezca una utopía.
«Ya ni siquiera podemos aseverar cuál ha sido la etapa más crítica en la que sucedieron estas ejecuciones extrajudiciales, pues militares, altos mandos, políticos y funcionarios públicos, han hecho parte de este escándalo mal llamado falsos positivos», recalcó.
Falsos positivos es el nombre dado en Colombia al caso en que miembros del Ejército Nacional asesinaban a civiles no beligerantes durante el conflicto armado y los hacían pasar como bajas en combate. Se habla de cerca de siete mil durante los mandatos de Álvaro Uribe.
(Fuente/Prensa Latina)
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