En el ejercicio se hace especial énfasis en las contravenciones relacionadas con las violaciones de precios, dígase con la aplicación del Decreto 30 sobre precios abusivos especulativos, y en torno al trabajo por cuenta propia
El control a las violaciones de precios, el control fiscal y la gestión y cobro de las multas en vía de apremio figuran entre los asuntos de mayor seguimiento en el IV Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
En declaraciones a medios locales Yenisley Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios (MFP), señaló que en la presente semana funcionarios del organismo, de conjunto con sus direcciones provinciales y municipales, y los gobiernos locales, supervisan la marcha de tan importantes indicadores.
También directivos y especialistas de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se han volcado hacia los territorios compartiendo experiencias, en aras de trabajar de manera coordinada y mostrar resultados superiores a los alcanzados en el III Ejercicio ejercicio nacional.
En la medida que perfeccionemos los sistemas de gestión, no solo el control a las violaciones de precios, sino además el control fiscal y el cobro de las multas en apremio, estaremos en mejores condiciones desde el Presupuesto de Estado de ejecutar un grupo de políticas y programas sociales, del Partido y la Revolución, expresó la viceministra del MFP.
Precisó que se chequean el cumplimiento de la Resolución 225 de 2024, que regula los precios centralizados de seis productos de mucha importancia para la población, y el acuerdo del Consejo de Ministros sobre los precios centralizados del arroz y el frijol de consumo nacional.
Tenemos un reto importante: lograr mayor transparencia y publicidad de estas normativas, incluidas las de los precios concertados localmente, en los cuales también la comprobación tendrá un indicador para medir, porque es de mucha utilidad que se muestren en los portales digitales de los gobiernos, en todos nuestros perfiles institucionales e incluso en vallas identificativas de bienes y servicios de los actores de la economía, estatales y privados.
Mantecón Ortiz expresó que para el control a las violaciones en las entidades estatales y no estatales se tiene en cuenta el cumplimiento de la Resolución 209 del 2024, referida a la regulación de la ganancia cuando las relaciones contractuales se establecen entre el sector presupuestado, el sistema empresarial y las formas de gestión no estatales.
En aras de verificar o medir bien estos indicadores se ha orientado la máxima participación de los inspectores, profesionales y eventuales, provenientes de los diversos organismos impositores, para buscar mayor eficiencia en las acciones de control.
La vicetitular del MFP explicó que en el caso de la gestión y cobro de multas, por excelencia ingresos cedidos de los territorios, el primer objetivo es disminuir las en vía de apremio, o sea, las pendientes de cobro y fuera del término legal establecido.
En ello es determinante la actuación de las Oficinas de gestión y cobro de multas, con la integración también de todos los organismos impositores y la participación de los Consejos Populares, de los delegados de circunscripción, de la propia población a través del uso de los canales electrónicos.
Subrayó que en el ejercicio se hace especial énfasis en las contravenciones relacionadas con las violaciones de precios, dígase con la aplicación del Decreto 30 sobre precios abusivos especulativos, y en torno al trabajo por cuenta propia.
Las multas en apremio son ingresos dejados de captar a favor de los presupuestos locales, y se le dará seguimiento a un grupo de denuncias por delitos de impago de contravenciones; de manera que como se trata de un ejercicio de prevención y enfrentamiento habrá juicios ejemplarizantes contra aquellos incumplidores multireincidentes, dijo.
Respecto al control fiscal la viceministra puntualizó que se supervisará el uso por los contribuyentes de las cuentas bancarias fiscales, y ante una violación detectada imponer el régimen sancionador correspondiente, que incluye el cierre de establecimientos hasta tanto se rectifique la conducta violatoria.
Otros objetivos específicos tienen que ver con la selección de contribuyentes identificados con altos riesgos fiscales, la realización de una eficaz gestión de la deuda por la Oficina Nacional de Administración Tributaria y la erradicación de expedientes de evasión fiscal, teniendo en cuenta las conductas tipificadas de este delito.