Cuando la resolución choca con las tarimas

El empeño gubernamental de frenar la espiral de los precios minoristas en el sector agrícola enfrenta muchas veces una realidad en la que se mezclan las iniciativas de muchos pillos y las insuficiencias del control

Domingo 3 de noviembre. La Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía luce exuberante. “Si no fuera por lo que te roban… diría que es perfecta”, suspira Raquel Cancio y sigue de largo, aunque sabe que pagó de más por su jabita de malanga. Desde el suelo, se pregona la violación: “Vamos, la pila de yuca a 5”.

En el camión de una CCS compro un mazo de cebollas a 8 pesos, con fango y hojas. “No llega a tres cuartos de libra”, me confirman la estafa en la pesa de comprobación. Allí llegué a instancias de Guillermo Hernández, vicepresidente del Consejo de la Administración del municipio espirituano: “Un mazo de libra y media se ajustó a 6 pesos la de dientes y a 7 la de bulbo; se cogen dos o tres, se promedia, quien no esté de acuerdo puede ir a la mesa de control”.

Tarde del martes siguiente. En el MAE de Kilo-12, se expende la libra de plátano burro semipodrido a 80 centavos la libra por estar “fuera de norma”. Frankiel Díaz, el almacenero, resuelve ante las preguntas: “Échalo para la caja de la merma”. En la calle Carlos Roloff, un vendedor ambulante detiene mi paso. ¿A cómo vendes?, inquiero: “A peso la cabeza de ajo y a 25 pesos la ristra de cebollas”. Una avalancha de transeúntes atraídos por la incrédula propuesta, para en seco: “No vendo más”, y se va con urgencia. Luego expende, libre, en una acera de Independencia, a 3 la misma cabeza y a 40, la misma ristra.

Con sobradas evidencias, Escambray cerró agendas y abrió interrogantes. Tras días de compras y sondeos por placitas, mercados, puntos de venta, carretilleros, plaza del mercado y ferias, el rotativo no llena jabas, pero sí cuartillas para confirmar un secreto a voces: aunque se advierte y se respira un mayor control, a tres meses de aprobada la Resolución No. 64 de la presidenta del Consejo de la Administración Provincial, esta se “deroga” en parte de las 751 unidades que expenden productos del agro aquí.

ENTRE EL CONTROL Y LA VIDA MISMA

“Está más vigente que nunca”, me tranquiliza Lisvany Linares Gómez, director estatal de Comercio. Y después me aterra: “Pero sí se viola totalmente”. A Belkis Morales Enríquez, jefa del Grupo de Inspección de la propia dirección, le consta: “No cuentan con la lista oficial. En la pizarra está el precio, pero venden a otro. En Cabaiguán quise comprar frutabomba, la compañera tenía bien el precio en la pizarra, pero al pagar eran 20 o 30 pesos, me identifico, realizo una inspección, me dirijo al Gobierno Municipal y dejo mi acta, pero el vicepresidente que atiende la esfera me dijo que si aplicaban una medida cerrarían otro punto más, y allí está”.

Y eso que el Decreto No. 227 prevé, ante violaciones como esa, hasta separación del puesto, lo mismo que la Resolución No. 54 del 2018 sobre protección al consumidor. Sin desdeñar que los 100 pesos de multa —suele ser la cuota más alta-— no les hacen ni cosquillas a las ganancias de los infractores, lo que más choca es la inacción. “Se detecta, se hace un informe, se entrega a la Agricultura y no pasa nada”, asegura Belkis; en tanto Lisvany reconoce: “La aplicación de las medidas se demora y a veces estas no se corresponden con la violación, algunos ni vienen a despachar, excepto Acopio. La peor situación está en la Agricultura Urbana”.

Para violar la citada resolución existen disímiles trampas como las descritas y otras como robar en la pesa o vender fuera de los parámetros de calidad. Para controlarla, basta hacerle caso a la 64, que define las tarifas para el sector no estatal y algunas de Acopio. “El objetivo es que no subieran más de lo que ya estaban, por eso un mismo renglón puede tener diferentes precios”, alega Leonel Valdivia, jefe de la Sección Comercial en la Delegación de la Agricultura.

Pero no basta lo escrito. De los 486 puntos de la Agricultura Urbana, más de un centenar vende de manera “ilegal” al no estar inscritos en el Registro Central Comercial, lo que viola el Decreto No. 184 de 1993, aprobado por el Consejo de Ministros.

Según Belkis Bernal, directora del Registro Comercial de Sancti Spíritus, “el relajo mayor está en Trinidad y Fomento, donde se vende en casas particulares y no está autorizado por pertenecer a una empresa estatal. En las bases productivas existe desconocimiento y venden, asimismo, a entidades del Estado, hemos tratado el tema con el bufete y los juristas, pero los abogados dicen que se cansaron porque eso no está en sus manos. Los inspectores no están acreditados para actuar y debo solicitarle al Ministerio de Comercio para que se ponga una multa”.

Leonel Valdivia, por su parte, reconoce que “meses atrás la situación era crítica, pero se está revirtiendo, no tenemos el dato de cuántos quedan por inscribir, no podemos aplicar multas; en la comercialización, Comercio es el rector. Si ha existido morosidad en algún territorio, por favor que se comunique para poder actuar, el objetivo es resolver el problema en una red donde hay personas buenas, muy buenas, y otras muy malas que violan lo establecido”.

A veces parece un diálogo de sordos. “Las violaciones son estratosféricas”, llena el saco Nuris Mena, subdirectora general del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) en Sancti Spíritus: “Hay personas ajenas vendiendo en Acopio, en la Declaración Jurada no está todo lo que se vende, a veces no está ni la declaración y ese dinero va al bolsillo de esas personas”.

“Hay lugares reiterativos, como el punto de Céspedes y Padre de las Casas —ilustra Víctor Adolis Figueredo Jorge, a cargo de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) aquí—. Cuando viramos la espalda siguen haciendo lo mismo y a quien le pagan por exigirle es a la administración”. En eso coincide Clemente Hernández, director provincial de Acopio: “Hay una estructura en todas las UEB, pero el administrador es el máximo responsable. Detectamos violaciones y siempre ha estado el análisis o la medida, las separaciones andan por 16 este año, pues ya Acopio había topado los precios a más de una veintena de productos por la 944 de enero del 2019”.

Los que sí están fuera de control son los carretilleros. Lo sabe la inspectora Dailenis León: “Le avisas a la comisión, van al día siguiente, no se puede actuar porque ya prescribió”. Con tal dislate nadie coincide, al menos aquí, pues la disposición verbal nacional viola el Decreto-Ley No. 357, Artículo 14, que en el Capítulo 4 de las disposiciones finales faculta a los supervisores integrales para actuar solos.

Ese resquicio de impunidad no es ajeno a ellos, “acusados” de comprar en los camiones que llegan temprano a la feria dominical en Sancti Spíritus para luego revender caro. El vicepresidente afirma: “Le aseguro que aquí los carretilleros no entran, si lo hacen fuera no está en mi jurisdicción y se debe controlar por el sistema establecido, pues forman parte de la ONAT y del Órgano de Trabajo”.

DE LA FERIA A LA PLAZA

En las ferias dominicales o sabatinas suelen confluir todas las tendencias: “Es más fácil controlar aquí. Todo lo que viene de las bases productivas se organiza el jueves en una reunión de la que salen con una declaración en factura porque forma parte del autoabastecimiento municipal y esa es la que declaran el domingo —detalla Guillermo Hernández—. Los inspectores controlan que se cumpla; el ajo, por ejemplo, se ajustó a peso la cabeza del tamaño que sea”. A unos metros se borran los acuerdos: “¿A cómo es la cabeza de ajo?, indago. “A 2 pesos”, dice la vendedora de la CCS Enrique Villegas. 

—¿Pa’ qué me haces esa pregunta?”, frunce el ceño David Vidal. Imagínate, he visto de todo, algunos no están puestos en la pizarra y hay que preguntárselo a los que venden, uno viene aquí a ganar o perder, a lo mejor el precio está bien, pero en la balanza varía, le respondo.

 De cómo se viola la resolución tiene lleno su talonario Yoandra Cruz Jiménez, especialista principal del Departamento Minorista del Mincin. “En la Declaración Jurada se dan los precios topados, pero en el establecimiento se violan; ¿que cuántas hay?, infinidades”. También, Belkis Morales: “Fui como cliente a comprar guayaba y malanga, el compañero me dijo verbalmente que era a 3 pesos la libra y la resolución dice a 2, se lo expliqué a la gente y al comprar me ripostó: ‘Por estar parada ahí me he dejado de ganar 3 000 o 4 000 pesos’”.

“En el Karaoke, de Trinidad, de 27 productos, en siete había violaciones —cuenta Nuris—. Nos reunimos casi una decena de responsables para este y otros temas, se ha dicho en todos los escenarios, eso pasó en agosto y nunca recibimos el plan de medidas”.

Un producto que detuvo su tendencia a crecer fue la carne de cerdo, tanto por la resolución como por la producción y la oferta. “El puerco bajó a 11 pesos en el campo, por eso baja aquí. Empezamos con la libra a 30 y terminamos a 25”, sonríe Yoel Herrera.

De las tarimas de la emblemática Plaza del Mercado se ahuyentaron el carnero, el ajo, la cebolla, el tomate… y otra cantidad de productos desde septiembre pasado. También algunos vendedores. “No es huelga como decían —aclara Yunier Espinosa Agüero, administrador—, pero sí bajaron los concurrentes, pues al tener el mismo precio de la feria les da más resultado irse para allá, donde además se paga menos por el espacio. Se han perdido productos porque no les da, pues el campesino no baja el precio pese a estar topado”. Con la experiencia de años detrás del mostrador, Eduardo Hernández señala: “Acepto la medida, pero no estamos de acuerdo que la calle esté libre, hay precios que no están bien: el pepino y la calabaza están muy baratos y los campos están que ni producen. Trinidad se está llevando el pepino a 1.50 de los campos y sí, la cantidad y la calidad han mermado aquí”.

Digan lo que digan, los precios se toparon en la Plaza del Mercado casi a punta de pistola. “Cuando salió la resolución no la teníamos en la mano, ni la lista de precios, tampoco; entonces se produjo una avalancha de quejas, vinieron la prensa, los inspectores… y llegamos a un consenso con el Gobierno de aplicarla días después. Dimos un paso al frente, pero no sé cómo se hizo el trabajo, a quién se le pidió opinión. El contrato dice que es de oferta y demanda con algunos precios topados, pero ha dejado de serlo”.

¿Los vencieron o los convencieron?

“Las dos cosas, todo el mundo oyó a Díaz-Canel afirmar que no era subir los precios sino mantenerlos y, dentro de lo que cabía, bajarlos. Me parece que hay que revisar, en algunos casos se fue injusto”.

Para muchos como Yolanda González “lo que le quitaron al precio, lo ganan en la pesa”, un criterio que taladra a Jorge Castro: “Es fácil hablar así porque estamos cerca del Gobierno y somos el foco, a quien habría que multar es a esos, porque hay una pesa de comprobación”. Es verdad, pero apenas funciona, lo mismo que el buzón de quejas. “No es que se deje de creer en el chisme y la llamada —dice Vladimir Santiesteban, jefe de área—, pero si creamos esto, ¿por qué hay que llamar a los inspectores sin llegar aquí antes, porque hay quejas reales y otras no”.

¿Se volvieron santos?

“Para nada, hay que estar encima de la gente por incongruencias con los precios y las pesas. A unos se les ha amonestado y a otros se les ha separado. Hay que hacer cambios, pero esto del precio ha traído más inventos, los guajiros te dicen: De vendértelo a ese precio me lo como o se lo echo a los puercos”.

DENUNCIAR O NO, ESA ES LA CUESTIÓN

Según las cifras, en los últimos meses, amparados en el cuerpo legal, los espirituanos se muestran más activos y, aunque no se corresponden —ni por asomo— las quejas con las violaciones, algo se ha avanzado. Lo dicen las vías que usan, desde el teléfono directo hasta las entradas al Portal del Ciudadano.

Lo comprobamos en la DIS, donde Sara Luna atendía en caliente una queja, llegada de puño y letra de Carlos Gotera, director provincial de Finanzas y Precios: “Precios elevados de un vendedor ambulante, llamado El Asesino, que vende por las tardes frente a la casilla especializada, la persona no pone su nombre porque ese vendedor refiere tener inspectores que lo defienden”. “Tengo que mandar a una pareja” asevera Luna, mientras Escambray se cuestiona: ¿Había que esperar por que alguien se quejara de lo que todo el mundo ve?

La impunidad no es absoluta. De acuerdo con datos de la DIS, de enero a septiembre se habían aplicado más de 19 000 multas (de ellas en septiembre 1 842), con un importe de más de 766 000 pesos.

Y eso que no siempre los consumidores cooperan, por hastío o por falta de confianza. Aunque en las ferias dominicales hay más violaciones que vendedores, pocos se protegen: “No pasan de 10 personas cada domingo —cuenta César Martínez, quien atiende el punto de comprobación—, a veces el peso está acorde, pero en otras faltan libras de malanga, mandarina, carne. En esos casos los inspectores y la policía ayudan”.

A punto de cerrar jabas y agendas, Alexander, un transeúnte, reta a este medio de prensa: “Hay un gordito de Kilo-12 que es bravito, vende aguacates hasta a 15 pesos, puedes llegarte al Camino de la Habana al cruzar la línea, es lo más caro que te digan”. Escambray fue y otra vez estaba la col a 5 pesos, cuando pesaba para 1, igual que un pote de ají en un carretón sin pizarra de precios.

En tiempos en que no sobra la comida agrícola para “el diario”, no basta dictar una resolución. No se puede ir apagando solo el fuego de una queja, pues los 130 supervisores ni alcanzan ni tienen el don de la ubicuidad. Se imponen la sistematicidad y el rigor si queremos que la 64 no sea una resolución cuyos por cuantos, como los de otras, mueran en las gavetas.

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