Aunque los resultados de Oficina de Atención a la Población del Poder Popular en Cabaiguán resultan alentadores en el transcurso del año, apuestan por lograr mayor prontitud de las respuestas en los términos establecidos
Por Alexey Mompeller Lorenzo
Al cierre de septiembre, la Oficina de Atención a la Población de Cabaiguán adjunta a la Asamblea Municipal del Poder Popular ha dado cauce, mediante las administraciones correspondientes, a más del 56 por ciento de las demandas ciudadanas llegadas a esa instancia.
Las estadísticas expuestas en la XXIV sesión ordinaria del encuentro gubernamental derivado del XVII período de mandato patentizan que ningún planteamiento queda pendiente de recibir una respuesta.
Sobresalió que las principales incidencias recepcionadas y que se han tramitado en la etapa continúan invariables: las solicitudes de vivienda, solares, subsidios y teléfonos. Asimismo figuran descontentos por los altos precios de los productos agropecuarios, de la electricidad y del cobro de la limpieza de fosas.
Funcionarias de la Oficina de Atención a la Población del Poder Popular aquí manifestaron que en cada caso realizan el estudio oportuno para satisfacer los derechos del pueblo y agregaron que algunas de las ayudas estatales denegadas para la edificación de viviendas responden a incumplimientos con los requisitos pertinentes para la ejecución de las mismas.
Entre las entidades más cuestionadas distinguen Acueducto por la inestabilidad en el suministro del vital líquido; en Servicios Comunales persisten retrasos en el ciclo de recogida de desechos sólidos, el deterioro de la infraestructura vial permanece en el colimador de los cabaiguanenses; y la carencia de recursos limita las acciones de la Organización Básica Eléctrica atada de manos para la instalación de metrocontadores de 110 y 220 volt y el cambio de postes en mal estado.
El colectivo de esta estructura insiste en mantener la sistematicidad en su quehacer y apuesta por lograr mayor prontitud de las respuestas en los términos establecidos, según les indica a las entidades y se exige por el organismo superior.
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