Los demandantes sostienen que la orden anunciada por el USPS el pasado viernes constituye una invasión de la autoridad constitucional de los estados para administrar los procesos electorales
Un grupo de 23 estados de Estados Unidos (EE.UU.) y organizaciones de derechos civiles presentaron demandas de impugnación contra el Servicio Postal (USPS), tras la aprobación de una orden ejecutiva que, afirman, restringe el derecho al voto y vulnera principios constitucionales.
La orden ejecutiva, firmada en marzo pasado por el presidente Donald Trump, confiere al servicio postal la responsabilidad de organizar las elecciones de medio mandato previstas en menos de 70 días.
La acción legal fue interpuesta por fiscales generales de Massachusetts, Nevada, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin y Washington D.C.
De manera simultánea, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, el Fondo de Defensa Legal, Asian Americans Advancing Justice y LatinoJustice también promovieron recursos judiciales contra la medida.
El fiscal de California, Rob Bonta, quien lidera la coalición de estados, calificó la normativa como una “acción ilegal” que “demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Trump para controlar las elecciones”.
Los demandantes sostienen que la orden anunciada por el USPS el pasado viernes constituye una invasión de la autoridad constitucional de los estados para administrar los procesos electorales. Además, introduce cambios sustanciales en el voto por correo, entre ellos la exposición de datos personales de millones de ciudadanos.
La disposición establece la creación de listas específicas de votantes por estado, lo que implicaría la recopilación y difusión masiva de información privada, contraviniendo la legislación de protección de datos.
Asimismo, el USPS determinó que no se entregarán boletas a quienes no figuren en dichas listas ni se aceptarán sobres que incumplan los nuevos estándares fijados por la norma.
Para los fiscales y organizaciones civiles, estas medidas violan la separación de poderes, al atribuir al Ejecutivo competencias reservadas a los estados y al Congreso.
No es la primera vez que esta legislación genera controversia. En el momento de su aprobación, un tribunal federal ya había emitido un bloqueo parcial, aunque posteriormente el caso fue elevado al Tribunal Supremo.
El máximo órgano judicial respaldó a la Casa Blanca al dictaminar que la impugnación de los fiscales se presentó de manera prematura, pese a que los demandantes insisten en que la normativa representa una “catástrofe” para el sistema electoral.