Durante los últimos años, se ha evidenciado aquí que las evasiones fiscales y las subdeclaraciones se multiplican con determinaciones de deudas en el ciento por ciento de los contribuyentes verificados
Sin que sus acciones se conviertan en una cacería de brujas, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) refuerza este año sus acciones de control fiscal en Sancti Spíritus, a partir de la aplicación de nuevas disposiciones legales encaminadas a que todos los contribuyentes cumplan con sus aportes al presupuesto del Estado.
Según aseguró a Escambray Sonia Quesada Rojas, jefa del Departamento Jurídico en la Dirección Provincial de la ONAT, estas modificaciones buscan una mejor disciplina tributaria y entre ellas se encuentra el incremento de la cuantía de las multas, cuyo monto ya resultaba mínimo de cara al nuevo escenario económico nacional.
Por ejemplo, entre las más significativas mencionó las que se aplican por incumplimiento de los deberes formales, que ahora se elevaron a un rango bastante más cuantioso: desde 1 000 hasta 100 000 pesos.
En el caso de los recargos por mora, que se aplican a quienes incumplen los pagos o los realizan de forma atrasada, antes debían abonar hasta un 30 por ciento y ahora hasta un 40 por ciento del monto principal adeudado.
Por otra parte, entre las sanciones no pecuniarias aparecen el cierre temporal o definitivo de establecimientos comerciales y la retirada temporal o definitiva de la licencia para desarrollar la actividad autorizada a quienes comentan indisciplinas notables.
“Generalmente, estas sanciones la ONAT no las podía imponer de manera directa, sino que debía solicitar la autorización de la jefatura nacional y escuchar el parecer del órgano rector. Ahora ya los directores provinciales y municipales se encuentran facultados para poner estas sanciones, dando cuenta al órgano rector”, agregó Quesada Rojas.
Pero —especificó la ejecutiva—, en cuanto al cierre de los establecimientos de las personas jurídicas, los directores municipales solamente se encuentran autorizados a concretarlos de manera temporal porque, en caso de proponer esa medida permanente, deben consultar al director de la Administración Tributaria en la provincia para que la decisión se tome a ese nivel.
El reforzamiento del control fiscal en el territorio obedece a una realidad inobjetable: durante los últimos años, se ha evidenciado aquí que las evasiones fiscales y las subdeclaraciones se multiplican con determinaciones de deudas en el ciento por ciento de los contribuyentes verificados.
A pesar de la escasez de auditores y fiscalizadores, que limita un mayor despliegue de los controles fiscales, en el 2025 se determinaron 460 millones de pesos de deudas en la provincia.