La Habana, 7 may. A 21 asciende hoy el número de personas que enfrentarán cargos penales por intento de golpe de Estado en Brasil, tras el juicio celebrado este martes en la primera sala del Supremo Tribunal Federal.
Ese órgano colegiado ya juzgó a tres núcleos de la presunta trama golpista y decidió acoger la denuncia de la Fiscalía General contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 20 convertidos en acusados.
Después que la primera sala declarara imputados a integrantes del llamado núcleo cuatro (desinformación), los ministros juzgarán, el 20 y 21 de mayo, la querella presentada por el Ministerio Público Federal, contra militares acusados de participar en la supuesta confabulación violenta que involucraría a Bolsonaro y sus aliados.
Inicialmente, el juicio al núcleo tres estaba previsto para el 8 y 9 de abril, pero la fecha fue reprogramada por el ministro Cristiano Zanin, presidente de la primera sala.
También forman parte de esa clase, los magistrados Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux y Cármen Lúcia Antunes.
Según la Policía Federal, este grupo sería responsable de «acciones tácticas y coercitivas» y estaría formado por agentes que se alinearían a la sospechosa componenda golpista, que implicaría seguimiento, secuestro e incluso asesinatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y De Moraes.
Los denunciados fueron divididos en cinco grupos, según su participación en la posible maquinación. Fueron juzgadas las denuncias contra los núcleos uno (principal), dos (preparación) y cuatro (desinformación).
También el panel decidió este martes, por unanimidad, convertir en acusados a los miembros del grupo cuatro.
Para la Fiscalía General, este eje organizó campañas de desinformación para difundir noticias falsas sobre el proceso electoral y ataques virtuales a instituciones y autoridades.
Teniendo en cuenta la denuncia, los incriminados responderán por los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de bienes catalogados.
Una vez cumplida esta fase, la acción penal ingresa a la investigación procesal, momento en el que se celebran audiencias para recabar pruebas y presentar declaraciones. (Fuente: Prensa Latina)
