Buenos Aires, 1 sep. Integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas de Argentina exigirán este viernes el avance de las investigaciones y el castigo de los autores del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández, perpetrado hace un año.
Diputados, jubilados, la Asamblea Feminista de la Ciudad de Buenos Aires, la Corriente Federal de los Trabajadores y otras agrupaciones que forman parte de la alianza Unión por la Patria participarán en manifestaciones, actos y misas en esta capital y varias provincias para exigir justicia y defender la paz y la democracia.
Además, demandarán el fin de la violencia, la impunidad y las irregularidades en el proceso sobre el ataque.
Una de las demostraciones tendrá lugar en las proximidades del Congreso de la Nación, en tanto otra ocurrirá frente al Palacio de Tribunales.
El 1 de septiembre de 2022 Fernando Sabag, de 35 años, apuntó con una pistola a la cabeza de la también titular del Senado cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
Aunque apretó el gatillo, el arma- que contaba con cinco balas- no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal (PFA).
Durante registros en su casa en la zona de San Martín, la PFA halló 100 balas y una laptop, la cual fue analizada junto a su teléfono móvil, cuya información se borró en manos de los peritos por una razón desconocida.
Reportes oficiales indican que la pistola estaba apta para el disparo y fue usada poco antes del atentado, pero el mal empleo por parte del agresor evitó que el proyectil entrara en la recámara y saliera.
Poco después, los oficiales arrestaron a su novia, Brenda Uliarte, y ambos fueron considerados por la jueza María Eugenia Capuchetti como coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.
Además, enfrentan cargos por portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, acopio de municiones, tenencia de documento nacional de identidad ajeno y falsificación.
También fue detenido un hombre llamado Gabriel Carrizo por su papel en la organización y ejecución de los hechos.
En varias ocasiones, la exjefa de Estado denunció la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización y financiamiento del ataque y acusó a Capuchetti de entorpecer y demorar las indagaciones cuando se hallaron pruebas que apuntaban a miembros de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana. (Fuente:PL)
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