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Ley de Soberanía Alimentaria: más allá del papel

Hacer que la Ley de Soberanía Alimentaria fructifique en una provincia en la que más de la mitad de su producción mercantil descansa en la agricultura es, más que un llamado, una necesidad urgente de supervivencia nacional

Frente al fogón o el plato, todos los por cuantos de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la llamada Ley SAN aprobada en julio de 2022 en Cuba, parecen desvanecerse.

Mucho más se deshojan sus nueve títulos, 24 capítulos, 101 artículos y cuatro disposiciones finales, cuando el país lleva meses en los que, desgastado entre las restricciones del bloqueo estadounidense cada vez más recrudecido y las carencias financieras internas, no puede garantizar ni en tiempo ni en cantidad los productos de la canasta familiar normada.

Pero, aunque la ley no solo abarca la agricultura, detengámonos en ella en una provincia en la que más de la mitad de su producción mercantil descansa en ese sector.

Antes y después de la ley, el tema ha sido abordado sin tapujos a todas las instancias, incluidas las sesiones del Parlamento cubano, desde donde se ha llamado a revolucionar la agricultura para producir lo que las arcas estatales no pueden ya comprar. Según datos del Ministerio de Economía y Planificación, Cuba gastó más de 1 600 millones de dólares en importar solo los productos de la canasta básica, cifras que aumentan cada vez que en el mundo se disparan los precios.

Desde su proyección global, la soberanía alimentaria supone que cada municipio produzca lo que necesitan consumir sus pobladores y estimular que se siembre cada pedacito de tierra, hasta  nivel micro doméstico, todo una quimera que pudiera ser lograble a muy largo plazo a partir de la tierra ociosa que se advierte; y eso a simple vista, pues la  agricultura en la provincia no sabe exactamente cuánta tiene ya que desde 2018 no se hacen los balances que arrojaban esa cifra y para entregarla depende más de lo que empresas y cooperativas decidan liberar, aunque estén infestadas de marabú.

Desde su publicación en la Gaceta de Cuba, ya todos los actores involucrados pueden repetir la ley, que ofrece encargos, misiones y dota de un andamiaje jurídico a las autoridades para llevar los incumplimientos incluso hasta tribunales. Por tanto, de su metodología y diagnósticos pudieran hacerse doctorados, pues todo el mundo sabe las hectáreas a sembrar por las demandas de la población, el famoso per cápita y hasta cuántos animales criar para garantizar 5 kilogramos de carne por habitante, algo que parece eufemístico con la carne de cerdo por las nubes.

Ya se sabe que los números no se comen; mucho menos los informes, aunque el enfoque de las reuniones sigue mirando más al hecho de que Sancti Spíritus sobrecumpliera sus promedios de libras por consumidor en 2023 que a las cantidades que realmente se pudo comer cada quien.

No obstante, con otro enfoque llamó recientemente a ver el asunto Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido. “Hay que ir midiendo cómo va impactando la ley, pues la alimentación y sus precios presiden hoy la opinión popular. Hay que incrementar los niveles productivos para lograr autoabastecerse, no nos podemos pasar la vida proyectando e implementando, mientras el pueblo dice: Esto sigue igual”, puntualizó.

En tales términos también se pronunció el gobernador Alexis Lorente: “Podemos hacer muchos planes y muchos números, pero si no hay arroz, plátano o yuca en el plato no se puede hablar de Ley SAN, hay que reevaluar el sistema de reuniones que se hacen en los teatros para ir más al campo”.

Es verdad que una cosa es el papel y otra muy distinta es la tierra, donde deben ponerse los pies de todos, pues no todos los terrenos se parecen; ni todos los bolsillos. Por la tierra entregada en los decretos aprobados en el país desde 2008 o por las más de 321 400 toneladas que —se dice— produjo la Agricultura en la provincia el pasado año, se supondría que caminaríamos sobre alfombras de comida, pero ya se sabe que no es así y que buena parte de esa producción va a parar a los anaqueles de ferias, puntos de venta y carretillas, y se expenden por tarifas que una buena parte de la población no puede pagar.

A la ley le va a costar trabajo implementarse en una coyuntura donde los recursos “por la canalita” son prácticamente inexistentes y a un productor “especializado” le puede costar más de 25 000 pesos un rollo de alambre y más de 170 000 la goma trasera de un tractor. Y se sabe, porque lo dicen los hombres del surco, que la tierra no se produce con llamados ni entusiasmos.

Desde la óptica de Juan José Nazco González, delegado provincial de la Agricultura, “la ley por sí sola, no da comida. Sí prevé que, a partir del diagnóstico nutricional de las necesidades de cada municipio, se le ponga nombre a cada uno, o sea, si este territorio lleva 300 hectáreas de plátano, se debe decidir quién las va a sembrar por meses y la responsabilidad que tiene; es el qué hace falta, quién lo va a hacer y aterrizar los planes con compromisos productor a productor”.

Para seguir por la ruta de los ejemplos, ello supondría que en la yuca no tengan que competir humanos y cerdos por las mismas hectáreas y que los llamados extensores ayuden a evitar que el pan de la canasta no falte un mes entero en casi una provincia completa.

También que las producciones de las más de 30 minindustrias pudieran satisfacer las demandas de encurtidos con precios razonables, o que cada centro laboral o educacional con condiciones reales produjera su propio autoconsumo, algo que en las condiciones actuales parece imposible.

Con esa perspectiva, más allá de la Agricultura, corresponde a los gobiernos locales aglutinar a los llamados factores para aterrizar la ley en la concreta. Por su concepción, algunos ejemplos alientan, aunque sean apenas una punta del iceberg: los más 44 000 patios y parcelas que controla la Agricultura Urbana o las 9 000 fincas inscritas en la Suburbana porque tributan —o deben hacerlo— a los pobladores más cercanos. También el programa de la papa agroecológica o la incipiente intención de recuperar el cultivo de arroz popular.

Si en tiempos mejores la Agricultura no pudo llenar todos los platos, menos puede hacerlo en momentos de asfixia. Desde la perspectiva de Nazco González, “en tiempos de crisis lo que se necesita es que cada cual aporte lo que tiene y no concentrarnos en lugares grandes como cuando había abundancia. Hoy a una empresa o un polo productivo estatal es difícil hacerlos funcionar sin recursos; sin embargo, cada cual en su pedacito sí pudiera. La única forma de bajar los precios es producir, las otras medidas pueden regular algo, pero no es la solución”.

Está claro que a la ley le va a costar trabajo “sembrarse” cuando ni siquiera empresas estatales cumplen su encargo y en Sancti Spíritus, un emporio arrocero nacional, hoy se produce casi 10 veces menos que hace poco menos de una década, mientras los almacenes de la EMPA no reciben hace rato los frijoles que antes hasta se echaban a perder en los estantes de los mercaditos.

Entonces, hacer que la Ley de Soberanía Alimentaria fructifique en los campos es, más que un llamado, una necesidad urgente de supervivencia nacional.

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