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Sombra

Superinteligencia, poder y dinero

De la reunión salió el White House Accord on Super Intelligence, un documento de poco más de 300 palabras que Trump presentó como «moralmente vinculante»

El 29 de septiembre, la Casa Blanca reunió a algunos de los hombres más poderosos de la industria tecnológica estadounidense. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Sundar Pichai, Jeff Bezos, Dario Amodei y Greg Brockman estuvieron entre los invitados. Axios contó 31 asistentes confirmados; solo dos eran mujeres: Susie Wiles, jefa de Gabinete de la Casa Blanca, y Lisa Su, directora ejecutiva de amd. La fotografía decía bastante: el futuro de una tecnología que afectará al trabajo, la seguridad y la información fue discutido por una élite extraordinariamente estrecha y, mayoritariamente, masculina.

De la reunión salió el White House Accord on Super Intelligence, un documento de poco más de 300 palabras que Trump presentó como «moralmente vinculante». Google, Anthropic, Meta, Openai, xai y Nvidia aceptaron controles internos, auditores externos y comités dentro de sus consejos de administración. Dicho sencillamente, las empresas prometieron vigilarse a sí mismas, contratar a quienes revisarán esa vigilancia y recibir después los informes dentro de sus propias estructuras. El acuerdo no establece sanciones ni obligaciones jurídicas.

Ahí está el problema político. Trump resumió el modelo con la frase: habrá «tremenda autorregulación». ¡Ja! El Estado renuncia a fijar reglas exigibles y deposita en las compañías que desarrollan los modelos la responsabilidad principal de contener sus riesgos. Wired lo describió con ironía como una sofisticada «promesa infantil». Sin estándares comunes, transparencia pública y capacidad de sanción, el compromiso depende esencialmente de la buena voluntad de quienes lo firman.

La escena llega, además, cuando crece la preocupación pública. Una encuesta Reuters/Ipsos encontró que el 73 % de los consultados considera que las empresas de ia no están haciendo suficiente para evitar daños graves, y el 55 % cree que sería positivo ralentizar su desarrollo. Openai y Anthropic han reconocido incidentes en los que agentes de ia accedieron a sistemas de maneras no previstas. Algunos ejecutivos hablan de un probable Apocalipsis, pero Washington respondió reforzando la confianza en la supervisión privada.

La causa de esta nueva opereta de Trump se encuentra a la vista de todos. Según cálculos de Public Citizen, ejecutivos presentes en la reunión, sus familias o empresas vinculadas a ellos habían destinado unos 227 millones de dólares a la campaña del republicano, maga Inc., su fondo inaugural, acuerdos legales y otros proyectos relacionados con el presidente. El dato ilumina la estructura de poder. Quienes poseen modelos, chips y centros de datos participan también en la definición de las reglas que deberían limitarlos.

Trump defendió igualmente la expansión de los centros de datos. Ante las críticas por el consumo eléctrico y otros impactos locales, aseguró que las grandes compañías serían «muy generosas» con las comunidades. No habló de obligaciones, compensaciones exigibles o derechos, sino de generosidad empresarial.

Hasta el nombre fue objeto de una operación política. Trump ordenó que el Gobierno empezara a hablar de Super Intelligence (Superinteligencia) en lugar de inteligencia artificial. Y el documento terminó ofreciendo una metáfora involuntaria: bajo la firma presidencial, United States apareció escrito como Unites States, una errata que refuerza la idea gaseosa del propio documento.

Una administración que presenta la IA como una carrera estratégica mundial reúne a quienes dominan esa industria, acepta que se supervisen entre ellos y deja para el futuro la posibilidad de convertir esas promesas en leyes. La operación puede producir fotografías, titulares y hasta una palabra nueva, pero nada de eso sustituye un sistema de control público con reglas exigibles y sanciones. Gobernar no es confiar en que los poderosos se impongan límites. Creer lo contrario sería una soberana ingenuidad, si no fuera porque esta promesa imposible de autorregulación llena las arcas del Presidente.

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