El jefe del Instituto Nacional Penitenciario -INPE-, Javier Llaque, confirmó este miércoles el traslado del exministro y exgeneral Daniel Urresti, condenado por el asesinato de un periodista, hacia una cárcel para militares.
Tras ser condenado por un tribunal a 12 años de cárcel como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, por un grupo de militares vestidos de civil, en noviembre de 1988, Urresti fue encerrado en el presidio Castro Castro, que alberga a delincuentes comunes.
Sin embargo, declaró Llaque, su traslado al penal Virgen de las Mercedes, para exmilitares, fue solicitado al INPE por el abogado de Urresti, lo cual el organismo de prisiones aceptó porque en esa cárcel tendrá un régimen de preso común.
Entretanto, el también exministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala (2011-2021) publicó en redes de Internet una proclama en la que ataca a los jueces que lo condenaron y sostiene que la sentencia fue injusta.
“Yo estoy preparado hasta para ser prisionero de guerra. Pero también estoy dispuesto a pelear a muerte contra la injusticia en nuestro país”, sostuvo.
Urresti recibió por otro lado el apoyo del congresista de derecha extrema Jorge Montoya, quien dejó de lado las diferencias que mantenía con el ahora preso cuando este era parlamentario.
“El juicio no ha sido bien llevado. Yo creo que es inocente, no veo ninguna prueba contundente. Todos son dichos y autoría mediata”, sostuvo Montoya, un almirante retirado que fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Agregó que tiene “la sensación” de que la condena es una venganza contra exmilitares y sostuvo que entre estos hay más de mil cometidos a instancias judiciales y sostuvo que “hay un abuso permanente de parte del Poder Judicial y parte del Ministerio Público que están infiltrados por terroristas”, sin mostrar pruebas.
Políticos de extrema derecha como Montoya reclaman con frecuencia amnistiar a los exmilitares investigados, juzgados o encarcelados por violaciones de derechos humanos en el llamado conflicto interno contra grupos armados que operaron entre 1980 y 2000.
Las organizaciones de derechos humanos, por el contrario, señalan que todavía hay crímenes de lesa humanidad cometidos por militares que permanecen impunes. (Fuente: Prensa Latina).
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