En el nuevo código de trabajo, las contravenciones en materia del trabajo y la seguridad social se clasifican como graves o muy graves
Por: Arturo Manuel Arias Sánchez.-
En consonancia con el Régimen General de contravenciones y sanciones administrativas, dispuesto por la Ley Número 177 de 2025, y con la Ley 169/2024, De procedimiento administrativo, aupado por el vigente Código de Trabajo, Ley 189/2026, irrumpe en el ordenamiento jurídico nacional el Decreto Número 179 de fecha 1 de septiembre de 2026, denominado Régimen de contravenciones y sanciones en materia de trabajo y seguridad social cuyo objeto regulador es, según su artículo 1, establecer las contravenciones y sanciones en materia del trabajo y la seguridad social, de aplicación a los empleadores radicados en el territorio nacional con independencia del sector donde se desarrolle la actividad, amèn de otros .que la ley determine.
En sus artículos 2 y 3, la norma traza las responsabilidades de los empleadores de esta manera:
Artículo 3. El empleador cuando sea una persona natural, responde de manera personal ante las contravenciones que se detecten por la inspección del trabajo, cuando sea una persona jurídica responde la entidad, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad personal al infractor que vulnere lo establecido en la materia.
Artículo 4. Al responsable de dos o más contravenciones se le impone la sanción que corresponde a cada una de ellas.
Por su parte, los artículos 7 y 8 del Decreto 179/2026 revela las autoridades competentes para la inspección e imposición de sanciones administrativas contenidas en la propia norma; sus letras dicen así:
Artículo 7. El inspector de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, es el encargado de realizar la inspección en materia del trabajo y la seguridad social, y para ello:
a) Hace constar en acta la descripción de las circunstancias de la presunta contravención;
b) recopila las evidencias necesarias, incluido lo manifestado por el empleador, si estuviera presente y el testimonio de testigos, si los hubiere; y
c) dispone las medidas cautelares que procedan y pone en conocimiento de la autoridad competente el resultado de su actuación, en un plazo máximo de diez días hábiles, a los efectos de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo.
Artículo 8. La autoridad facultada para determinar la comisión de la contravención e imponer las sanciones correspondientes en materia del trabajo y seguridad social es el jefe del Departamento de Inspección de las filiales provinciales y territoriales.
Más adelante, en su texto preceptivo, el Decreto 179 califica las contravenciones laborales atendiendo a su lesividad y casuísticamente, las detalla, tal como se aprecia más abajo.
Artículo 10. Las contravenciones en materia del trabajo y la seguridad social se clasifican como graves o muy graves.
Artículo 11. Son contravenciones graves en materia del trabajo y la seguridad social:
a) Utilizar el contrato por tiempo determinado o para la ejecución de un trabajo u obra para labores de carácter permanente;
b) obligar a la persona trabajadora a permanecer en el empleo por un período superior al plazo previsto en la ley para terminar la relación de trabajo;
c) terminar la relación de trabajo sin concurrir las causas establecidas en la ley;
d) emplear adolescentes entre quince y hasta cumplir los dieciocho años de edad, sin la autorización para incorporarse al trabajo, incumplir lo previsto en la legislación con respecto a la certificación de su estado de salud y al control administrativo que se ejerce sobre la comprobación periódica de las condiciones de trabajo;
e) aplicar jornadas de trabajo superiores a las legalmente establecidas;
f) vulnerar los períodos de vacaciones, descanso semanal y recesos retribuidos previstos por la ley, incumplir lo relacionado con el régimen de trabajo y descanso o no garantizar el disfrute en los días de conmemoración nacional, feriados y de receso laboral;
g) emplear a extranjeros con la categoría migratoria de residente temporal, de inmobiliaria y humanitario, sin el permiso de trabajo;
h) no efectuar el pago del salario y los pagos adicionales aprobados en los plazos o períodos acordados;
i) aplicar formas y sistemas de pago sin estar aprobados en la Asamblea de Afiliados y Trabajadores y pactados en el convenio colectivo de trabajo;
j) aplicar la organización salarial o sistemas de pago incumpliendo lo previsto en la legislación;
k) no pactar lo relacionado con la distribución de utilidades o aprobar la remuneración por este concepto o ejecutar esta, sin observar el principio del aporte individual;
l) no agotar las vías para la reubicación de los trabajadores ante la interrupción laboral;
m) no pagar la garantía salarial por interrupción laboral o el cese de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos y estructurales o hacerlo en una cuantía inferior a la prevista en la ley;
n) no impartir la instrucción inicial y periódica sobre los riesgos en los lugares de trabajo;
ñ) no planificar o no realizar los exámenes médicos periódicos a los trabajadores que lo requieran;
o) no tramitar la solución de las causas que originaron la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo que no les son imputables;
p) no contar con el permiso de seguridad para la ejecución de actividades, procesos u operación de equipos de alto riesgo o para la realización de labores no habituales;
q) no identificar y prevenir los riesgos laborales a partir de su evaluación;
r) no garantizar equipos de protección personal cuando corresponde o entregarlos sin que cumplan los requisitos exigidos;
s) no tener elaborado o establecido el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral;
t) no conceder las licencias de maternidad retribuidas o no pagar las prestaciones monetarias en la cuantía que legalmente corresponde;
u) no acceder a la tramitación de la pensión por edad, invalidez total o por causa de muerte de la persona trabajadora, sin causa justificada;
v) no cumplir con la contribución especial a la seguridad social en los plazos y condiciones previstos en la ley;
w) no tener elaborado o actualizado el convenio colectivo de trabajo; y
x) no observar las normas específicas en materia del trabajo y la seguridad social ni cumplir con lo establecido para las relaciones de trabajo especiales.
Artículo 12. Son contravenciones muy graves en materia del trabajo y la seguridad social:
a) Emplear personas sin concertar el contrato de trabajo correspondiente según la naturaleza de la actividad que desarrolla;
b) aplicar a los adolescentes entre quince y hasta cumplir los dieciocho años de edad que se autorizan a trabajar, jornadas de trabajo superiores a las previstas en la ley; vulnerar sus períodos de descanso, vacaciones y recesos retribuidos; permitir que laboren en actividades que tienen prohibidas de forma absoluta;
c) mantener trabajando a la persona trabajadora durante la licencia pre y postnatal;
d) condicionar la contratación, permanencia o la promoción en el empleo de la persona trabajadora, debido a su condición de embarazo o terminar la relación de trabajo por este motivo;
e) no pagar la remuneración de la jornada completa a los trabajadores que laboran con jornadas de trabajo reducidas;
f) pagar un salario inferior al mínimo vigente en el país;
g) no pagar el salario y los pagos adicionales aprobados que correspondan para el cargo o por el tiempo real trabajado;
h) efectuar el pago del salario en especie o en cualquier otra forma que no sea en su expresión monetaria;
i) no investigar los accidentes e incidentes de trabajo;
j) no eliminar las causas que originaron la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo que les son imputables;
k) no informar la ocurrencia de un accidente de trabajo mortal a la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo en el término previsto;
l) autorizar el funcionamiento de medios de trabajo, áreas o locales clausurados;
m) no efectuar el pago de las prestaciones de la seguridad social a los que tienen derecho los trabajadores, durante los períodos y condiciones regulados en la ley;
n) mantener laborando a la persona gestante durante el período pre y postnatal;
ñ) no contar o no tener actualizados los registros y certificaciones de tiempos de servicios y remuneraciones devengadas de los trabajadores;
o) incumplir las decisiones firmes de los órganos que resuelven los conflictos de trabajo en la vía prejudicial;
p) impedir, obstaculizar o no prestar la debida colaboración en la actuación de los inspectores en el ejercicio de sus funciones; e
q) incumplir las medidas o acciones dispuestas por la inspección del trabajo en el ejercicio de sus facultades.
El artículo 16 del Decreto en cuestión, describe las sanciones y medidas administrativas de potencial aplicación; ellas son:
Artículo 16.1. La autoridad facultada en este Decreto, puede imponer las sanciones siguientes:
a) Clausura definitiva, total o parcial, de un establecimiento, local o instalación;
b) paralización definitiva de equipos o maquinarias; y
c) multas.
2. Además de la sanción correspondiente a la contravención cometida, se puede imponer como medida al infractor, la obligación de hacer.
3. La autoridad facultada puede abstenerse, de manera excepcional, de imponer sanciones cuando la contravención no tenga consecuencias de consideración y los antecedentes de la conducta del infractor sean favorables, en cuyo caso lo apercibe por escrito señalando que debe hacer cesar los efectos de la infracción dentro del plazo que se le fije, y que de no hacerlo se le impone la sanción que corresponda.
Sin entrar en detalles sobre las dos primeras acciones sancionadoras, de fácil inteligibilidad, solo describiremos la de multa, contenida en el artículo 19 de su preceptiva.
Artículo 19.1. La sanción de multa se determina mediante un sistema de cuotas por cuantías mínimas y máximas a partir de la gravedad de la contravención, en un rango de entre diez (10) y doscientos (200) pesos a las personas naturales y de doscientos uno (201) a mil (1 000) pesos para las personas jurídicas, teniendo en cuenta los grupos de clasificación siguientes:
a) Para las contravenciones graves se impone multa de sesenta (60) a noventa y nueve 99 cuotas; y
b) para las contravenciones muy graves se impone multa de cien (100) a doscientas (200) cuotas.
2. La multa se aplica por cada infracción, según el nivel de gravedad de la violación detectada.
3. Cuando se cometen varias contravenciones, se impone el doble de la multa más alta que corresponde a la contravención y, de resultar responsable en una misma infracción más de una persona, se impone a cada una la multa que corresponda.
4. El pago de la multa se rige por lo previsto por el Ministerio de Finanzas y Precios.
Los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 179/2026 conceden, ante la inconformidad de los empleadores por las sanciones y medidas administrativas impuestas, los recursos a interponer y sus instancias dirimentes.
Helos a seguidas.
Artículo 27.1. Ante la inconformidad del empleador con los resultados de la inspección y la imposición de la sanción, corresponde presentar recurso de reforma ante la propia autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se notificó la resolución.
2. La presentación del recurso de reforma no interrumpe el cumplimiento de la medida impuesta, excepto en los casos en que se impongan multas o el pago de obligaciones pecuniarias, las que quedan suspendidas hasta que se emita la resolución definitiva.
3. La autoridad correspondiente resuelve el recurso de reforma, en el plazo de treinta días naturales siguientes a su presentación.
Artículo 28. La resolución dictada en reforma puede recurrirse mediante recurso de alzada ante el director de la Filial Provincial o Territorial de Inspección del Trabajo, según corresponda, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, cuya autoridad resuelve en el término de cuarenta y cinco días naturales.
Artículo 29. La autoridad competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es el director de la Filial Provincial o Territorial de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
De manera expresa y con sujeción a la Ley De procedimiento administrativo vigente, el Decreto de marras, concede los recursos de reforma, alzada y extraordinario de revisión, en aquella contemplados aunque resulta omiso en cuanto a la concesión al acceso judicial del inconforme, vía que refrenda la citada Ley, y por obvia, quizás el funcionario actuante de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo no ofrezca su oportuna información al inconforme, quien consultara al asesor jurídico de la entidad o a un abogado de los bufetes colectivos.